La decepción de Facebook

Los últimos días han estado repletos de noticias relacionadas con la apertura de Facebook en la Bolsa de Valores. Sin embargo, toda la expectativa generada por este lanzamiento, ha sido sucedida por una serie de eventos que han dejado mal parada a la compañía: desde fallos en los sistemas transaccionales del NASDAQ el día del lanzamiento, demandas judiciales por entrega de información privilegiada a ciertos clientes del Banco asesor de la emisión, y finalmente la abrupta caída en el precio en los días posteriores al IPO, lo que le ha generado millonarias pérdidas a los accionistas de Facebook. Todas estas razones (en especial la parte de los millones), harían pensar que el famoso Mark Zuckerberg debería estar muy arrepentido de haber listado a su empresa en la Bolsa, más aún si consideramos que Facebook ni siquiera necesitaba el dinero obtenido. No es ese el caso.

Empecemos por el IPO. Una Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) es el proceso por el cual una empresa coloca sus acciones por primera vez entre los inversionistas a través de una Bolsa de Valores. Las principales ventajas que tiene un IPO son: 1) le permite a la empresa obtener una valoración objetiva de los planes de negocios por parte del mercado, (es decir los precios de la acción suben cuando los inversionistas creen que las cosas marchan bien en la empresa, y cuando no, los precios caen); y 2) le da liquidez a los accionistas (la posibilidad de vender fácilmente sus acciones cuando lo necesiten).

Una de las partes más importantes dentro de un IPO, es la definición del precio al que se venderán las acciones a los inversionistas. Este precio es fijado por la empresa en base a las recomendaciones recibidas por su asesor (en este caso la firma Morgan Stanley), y para lo cual se considera tanto el valor intrínseco de la empresa (que está dado por la capacidad que tiene la empresa para generar ingresos en el futuro, el ritmo de crecimiento y el riesgo) y por el interés generado por la emisión (nivel de demanda). Y es precisamente el alto nivel de demanda por la acción de Facebook (tanto de inversionistas informados como de inversionistas noveleros), lo que llevó a Zuckerberg a decidir elevar el precio de colocación de US$ 28 a US$ 38.

De acuerdo a la valoración realizada por Aswath Damodaran, profesor de Stern (escuela de negocios de NYU) y máximo gurú de las Finanzas Corporativas en el mundo, el valor de la acción de Facebook, asumiendo que la empresa es capaz de mantener un crecimiento de sus ingresos del 40% para los próximos 5 años, debería rondar los US$ 29, es decir bastante más cercano al rango inicial, que al precio al que finalmente se colocó la acción en el mercado.

Al momento de escribir este artículo, el precio de la acción de Facebook había caído hasta los US$ 32, es decir un 16% respecto al precio del IPO. Es decir que si los inversionistas que participaron del IPO pagaron US$ 16.000 millones, a la fecha han perdido de US$ 2.560 millones. Eso es mucha plata perdida por parte de muchos inversionistas.

A primera vista pudiera pensarse que Zuckerberg también ha perdido una gran fortuna, ya que al mantener una participación del 22% en Facebook, su inversión pasó de US$ 22.900 millones al precio de US$ 38 a US$ 19.000 millones al precio de US$ 32, pero si comparamos con el valor intrínseco estimado por Damodaran (US$ 29), nos daremos cuenta que al momento Zuckerberg sigue teniendo una utilidad de US$ 1.800 millones, si a esto le sumamos US$ 1.200 millones (su parte en el IPO), llegaremos a la conclusión de que aunque puede haber mucha gente decepcionada por el IPO de Facebook, Mark Zuckerberg tiene 3.000 millones de razones para no estarlo.

* Artículo publicado originalmente en LaRepublica.ec el 24 de mayo de 2012

El Superintendente

Con gran consternación he recibido la noticia de que el todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha decidido rechazar la terna presentada por el Presidente de la República para la designación del primer Superintendente de Control del Poder de Mercado. El todopoderoso Consejo ha rechazado la terna aduciendo que los tres candidatos presentados, no reúnen las calificaciones necesarias para ser designados, en especial el no contar con diez años de experiencia en materias relacionadas con el cargo.

Considero de vital importancia que se designe inmediatamente al nuevo superintendente, ya que es preocupante el vacío existente para controlar a esa bestia parda que es el Poder de Mercado; es por esta urgencia que humildemente me permito por esta vía, poner en consideración del Presidente de la República un nombre que cumple con todas las condiciones para ocupar tan alta responsabilidad: el mío.

Sé que es poco ortodoxo candidatizarme de esta manera y no pretendo desconocer los méritos de los integrantes de la terna rechazada: Diego Martínez, Mateo Villalba y Jéssica Andrade; quienes seguramente deben ser grandes gurús de la lucha contra las prácticas monopolísticas y deben contar con sobradas calificaciones para haber sido considerados por el Presidente, aunque para ser muy sincero jamás he escuchado hablar de ellos; pero al mismo tiempo dudo que posean la misma pasión que tengo yo por combatir los graves peligros por los que atraviesa el libre mercado ecuatoriano.

En especial lo que me mueve a realizar una acción tan desesperada como esta (y aprovecho la ocasión para decirlo), es el denunciar la grave concentración de poder de mercado, que ha logrado acumular un grupo económico en nuestro país. El grupo en cuestión es dueño de medios de comunicación (tres canales de televisión abierta, varios periódicos, radios, y una importante participación en una empresa de televisión por cable), tiene un monopolio absoluto en el mercado de telefonía fija, y controla gran parte de los mercados de agua potable y energía en el país. Como si esto fuera poco, este grupo económico (directa o indirectamente), controla empresas de los más diversos géneros: florícolas, empresas de calzado, compañías de seguros, almaceneras, hoteles, comisariatos, imprentas, entre otros.

Pero lo más grave y sorprendente es que este grupo, ignorando lo resuelto por el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular del 2011, impunemente es el dueño de varias instituciones financieras (en el Ecuador y en el exterior), y a través de una subsidiaria de reciente creación concentra ya más del 40% de los créditos hipotecarios de nuestro país. Este monstruoso grupo económico es el Estado ecuatoriano.

La creación de una Superintendencia para regular el mercado parte de una premisa equivocada, no siempre que exista un fallo en el mercado es deseable la intervención estatal para regularla, ya que en muchos casos (quizás la gran mayoría), la intromisión del Estado solo contribuye a agravar más los problemas en lugar de solucionarlos. Por el contrario, la misma existencia de una Superintendencia y de toda una burocracia dedicada en exclusividad al tema, terminará provocando grandes distorsiones, al propiciar nuevas regulaciones y al promover de oficio, investigaciones para verificar la no existencia de anomalías; lo cual degenerará en la paradójica situación de que sean los empresarios los que tengan que demostrar que no están incurriendo en prácticas abusivas, en lugar de ser lo contrario. Es por ello que la existencia de una Superintendencia es una mala idea, y debe ser reemplazada por una especie Tribunal de la Libre Competencia, que sea capaz de recibir denuncias de prácticas abusivas por parte de actores privados y no actuar de oficio en situaciones en que nadie ha solicitado la intromisión del sector público.

Si el gobierno actual está realmente interesado en erradicar la existencia de prácticas que distorsionen el mercado, mejor haría en reducir la participación del Estado en sectores donde nada tiene que hacer, antes que en crear una nueva burocracia que afectará lo que actualmente funciona bien y cuyos costos los terminaremos pagando todos los ecuatorianos. Si ese es el caso, cuenten con un servidor.

*Públicado originalmente en LaRepublica.ec el 19 de mayo de 2012

La Derrota de Sarkozy

No soy simpatizante de Nicolás Sarkozy. Al igual que a muchos, el rimbombante estilo del todavía presidente francés me resulta antipático. Su publicitado romance (y posterior matrimonio) con Carla Bruni, su cuestionada proximidad a personajes como el ex dictador libio Gaddafi, el escándalo relacionado con el nombramiento de su hijo de 23 años al frente de una importante agencia gubernamental y las acusaciones relativas al financiamiento de su campaña electoral, son entre otras, las razones que le llevaron a tener una muy baja popularidad desde el inicio de su periodo presidencial.

Sarkozy llegó al poder en el 2007, con un discurso moderno, que pretendía romper con el status quo socialista inspirado en los eventos de Mayo del 68, que privilegia la redistribución de riqueza antes que su creación, que reivindica los intereses de los sindicatos antes que los de aquellos que no pueden conseguir trabajo y que es incapaz de hacer frente a los peligros que el islamismo radical representa para Francia y para el resto de la civilización occidental.
En su campaña Sarkozy prometió flexibilizar la semana laboral de 35 horas instituida por los socialistas, reducir el gasto público en 4%, disminuir los impuestos y reducir los beneficios de desempleo a aquellos que no tienen intención de conseguirlo, todo con el objetivo de disminuir el peso del estado en la economía y estimular el crecimiento.

Pese a contar con una amplia mayoría en el parlamento, Sarkozy no fue capaz de cumplir con muchas de sus promesas. Aunque cumplió con flexibilizar parcialmente la legislación laboral, facilitando la contratación de horas extras, reducir los impuestos a las herencias y elevar la edad de jubilación; la crisis financiera internacional motivó a Sarkozy a cambiar su política económica, volviendo a las típicas políticas de intervención estatal que han caracterizado a Francia en las últimas décadas: aumentar el gasto público y subsidiar la creación de nuevos empleos. No solo cambió la política de Sarkozy sino también su retórica, pasando a denunciar lo que denominó “la dictadura del mercado” y a anunciar el fin del “capitalismo laissez-faire”.

Aunque es indiscutible que Francia salió mejor librada de la crisis que otros países europeos como Grecia, España o Italia; el saldo del gobierno de Sarkozy deja mucho que desear. Entre 2007 y 2011, la economía francesa creció apenas un 0,48% , el desempleo pasó de 8,4% a 9,8% ; el gasto público pasó de representar el 53% del PIB al 56% ; y la deuda pública en relación al PIB se incrementó del 60% al 80% . Todo esto llevó a que Standard & Poor´s rebajara la calificación de la deuda francesa de AAA a AA+ .

Pese a todo lo expuesto anteriormente, considero que lo peor que lo pudo ocurrir a Francia es que Sarkozy perdiera. Aunque es poco probable que un segundo periodo de Sarkozy, se hubieran dado las reformas que la economía requiere, lo que propone el socialista Hollande (elevar la tasa de impuesto máxima al 75% , incrementar beneficios de desempleo, aumentar el número de empleos estatales y reducir la edad de jubilación nuevamente a los 60 años ), representa todo lo contrario a lo que Francia necesita. No es la austeridad fiscal, sino la receta de alto gasto público, altos impuestos y alto endeudamiento, la que tiene a Francia y a Europa en la situación en que se encuentran.

Es indudable que una gran parte de los votos obtenidos por el socialista Hollande, fueron producto del rechazo al estilo de Sarkozy, más que a sus políticas. En una elección con un resultado tan reñido (3% fue la ventaja de Hollande), esos votos pueden haber representado toda la diferencia del mundo. Cuando hay tanto en juego (como es el caso de Francia), consideraciones como el estilo, carisma, posición social y simpatías religiosas, deben quedar de lado. Es una reflexión que bien nos puede servir al momento de seleccionar al candidato de oposición para las elecciones del próximo año.

*Públicado originalmente en LaRepública.ec el 9 de Mayo de 2012