Perdiendo el Pudor

Una de las señales inequívocas de que un gobierno totalitario va consolidando su hegemonía sobre todos los poderes y espacios de un país es la pérdida de la vergüenza para defender las posiciones más impresentables y para decir sin pudor cosas que en otro momento y ante otras circunstancias harían sonrojar a cualquiera.

En el caso del Ecuador, a la displicencia con la que el gobierno recibe las denuncias sobre casos de supuesta corrupción relacionados con altos funcionarios del régimen, como se vio en el reciente escándalo de VIALMESA, ahora se suma un esfuerzo deliberado y cínico por parte del oficialismo para amedrentar a la oposición y a los medios de comunicación respecto a cómo deben comportarse en la próxima campaña electoral.

Días atrás el Pleno del Consejo Nacional Electoral emitió un exhorto, en el cual advierte a los actores políticos de posibles sanciones para castigar lo que a juicio del CNE constituye la “realización anticipada de actos de campaña electoral”. Sin embargo, no está claro qué es lo que los consejeros del CNE consideran como actos de campaña electoral. ¿Puede considerarse como actos de campaña electoral los avisos publicitarios de personas que no han proclamado sus candidaturas a cargo alguno? ¿Es campaña electoral la avalancha de propaganda por parte del Gobierno pautada en horario estelar en los canales de televisión?

El propio Presidente del CNE, reconoce que “existe un vacío legal” para determinar dichas infracciones, pero al mismo tiempo no deja de amenazar con fuertes sanciones y multas a quienes las cometan. Lo que está claro es que no podemos esperar que el CNE mida con la misma vara al gobierno y a la oposición. En una candorosa declaración, Paredes admite que el CNE no hará nada por impedir que el gobierno promocione su imagen “ni en este momento ni en campaña electoral”. No es que estas palabras vayan a sorprender a nadie, pero que la máxima autoridad electoral en el país, no tenga ningún reparo en admitir que las reglas no son iguales para todos, es una muestra clara del estado en el que se encuentra la institucionalidad del Ecuador.

Paredes pretende justificar este derecho del presidente actual comparando a la situación por la que atraviesa los Estados Unidos, también en campaña presidencial, donde nadie le reclama a Obama que vaya recorriendo el país para promocionar su imagen. Pero Paredes olvida dos detalles pequeños pero significativos: ni Obama aparece en publicidad estatal financiada con fondos públicos, ni los candidatos presidenciales en Estados Unidos están restringidos a una franja publicitaria minúscula y arbitraria como la que contempla el Código de la Democracia en Ecuador.

Otro personaje que ha aparecido recientemente en los medios de comunicación para expresar su grave preocupación por el peligro para la democracia que representa la precampaña electoral y el origen de su financiamiento, es el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, el mismo que en el pasado no demostró tener una gran preocupación democrática al destituir a 57 diputados electos legítimamente, lo que constituye, sin lugar a dudas, uno de los atentados más grandes a la democracia en nuestro país. En una entrevista concedida a Ecuavisa , Acosta le echa en cara al CNE el “demorarse demasiado” en controlar la precampaña y lo invita a realizar un control “enérgico y oportuno”.

El CNE muy diligentemente ha aceptado dicha sugerencia. Juan Pablo Pozo, uno de los consejeros del CNE, anunció que han montado una oficina para monitorear la campaña anticipada, aunque nuevamente admite que el Código de la Democracia “no define en su articulado lo que es la precampaña ni la campaña anticipada” . Es decir que sin el menor rubor declara que dedicarán fondos públicos para monitorear infracciones que no se encuentran tipificadas en ninguna parte.

Cuando todo termine, y el Ecuador recupere su libertad, será el momento adecuado para discutir seriamente la conveniencia de mantener normas electorales como la reelección presidencial inmediata, el tener una campaña electoral tan reducida (45 días) y la existencia de franjas publicitarias, que lejos de contribuir al mejoramiento de la calidad de nuestra democracia, se han convertido en graves amenazas a su misma existencia.

*Publicado originalmente en LaRepublica.ec el 21 de Junio de 2012

Grexit y la reelección del Mashi

En principio los resultados de la elección en Grecia de este mes y las elecciones presidenciales de Ecuador del próximo año no deberían estar relacionados en lo absoluto. Sin embargo, la globalización de la economía mundial, ese monstruo neoliberal que no respeta ni siquiera a las patrias altivas y soberanas como la nuestra, trae como consecuencia que los efectos de las crisis en regiones tan distantes, tengan impactos sensibles en nuestra economía.

Es mucho lo que Grecia se juega en las elecciones del 17 de junio. Las alternativas a las que se enfrentan sus electores son igualmente duras: mantenerse en la zona euro con un draconiano programa de austeridad impulsado por un gobierno de coalición entre los partidos Nueva Democracia (derecha) Y Pasok (socialdemócratas) o renunciar a la austeridad entregándole el poder a la extrema izquierda del partido Syriza, y la probable salida del Euro, con todas las consecuencias que esto implica: colapso de gran parte de su sistema financiero, aumento de las tasas de interés y una caída aún más profunda de la producción y el empleo. De más está decir, que son los propios griegos quienes se pusieron en la situación en la que actualmente se encuentran, optando durante años por gobiernos socialistas donde la corrupción, la alta evasión tributaria, el despilfarro y el manejo de cifras adulteradas fueron la nota distintiva.

Las consecuencias para la economía europea de la salida de Grecia del euro (los mercados han acuñado la palabra Grexit para denominar este evento), serán también muy graves. Además de las pérdidas a los bancos europeos que ocasionaría un posible default griego (el BIS lo estima en US$ 69 mil millones), el principal riesgo es que se genere un efecto contagio de pánico a los sistemas financieros de Portugal e Irlanda y peor aún de España e Italia. El resultado final: una recesión profunda de los países europeos que termine arrastrando a la economía mundial.

Al Ecuador esta desaceleración de la economía europea le terminará afectando por dos vías: caída del precio del petróleo y una devaluación del euro frente al dólar. El precio de referencia para el petróleo ecuatoriano es el WTI (el crudo ecuatoriano se cotiza ligeramente por arriba), que al momento se ubica en US$ 84. De acuerdo a una proyección realizada por Bank of America Merryl Lynch, de producirse el Grexit, el WTI podría caer hasta niveles de US$ 65. Eso es una abrupta caída de los ingresos presupuestados por el gobierno de la revolución ciudadana, y mucho menos dinero disponible para gastar en año electoral. Es en situaciones de crisis como la que se proyecta, que le hubieran servido tanto al Ecuador, los fondos de estabilización petrolera eliminados por el actual presidente, a razón de que eso de ahorrar en un país de pobres es propio de neoliberales.

Pero a esto debe sumarse el debilitamiento del euro frente al dólar, que hará que las exportaciones ecuatorianas se vuelvan menos competitivas, si a esto sumamos una disminución de la demanda europea por la recesión, el efecto para nuestro comercio exterior con Europa será gravísimo, lo que hará vital compensar ese mercado con otros como el de Estados Unidos; pero sin contar con un TLC firmado (a diferencia de nuestros vecinos), con un ATPDA a punto de expirar, y sin una política comercial clara por parte de nuestra Cancillería (que está más preocupada de defender al gobierno sirio y de combatir el colonialismo), el resultado más probable es que también tengamos una abrupta caída en el ingreso de divisas por parte del sector exportador.

Ante este escenario, resulta paradójico que lo más beneficioso para los planes reeleccionistas de Rafael Correa, sea el triunfo en Grecia de quienes defienden las políticas de austeridad, propias de la larga noche neoliberal.

*Publicado originalmente en LaRepublica.ec el 1 de junio de 2012

La decepción de Facebook

Los últimos días han estado repletos de noticias relacionadas con la apertura de Facebook en la Bolsa de Valores. Sin embargo, toda la expectativa generada por este lanzamiento, ha sido sucedida por una serie de eventos que han dejado mal parada a la compañía: desde fallos en los sistemas transaccionales del NASDAQ el día del lanzamiento, demandas judiciales por entrega de información privilegiada a ciertos clientes del Banco asesor de la emisión, y finalmente la abrupta caída en el precio en los días posteriores al IPO, lo que le ha generado millonarias pérdidas a los accionistas de Facebook. Todas estas razones (en especial la parte de los millones), harían pensar que el famoso Mark Zuckerberg debería estar muy arrepentido de haber listado a su empresa en la Bolsa, más aún si consideramos que Facebook ni siquiera necesitaba el dinero obtenido. No es ese el caso.

Empecemos por el IPO. Una Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) es el proceso por el cual una empresa coloca sus acciones por primera vez entre los inversionistas a través de una Bolsa de Valores. Las principales ventajas que tiene un IPO son: 1) le permite a la empresa obtener una valoración objetiva de los planes de negocios por parte del mercado, (es decir los precios de la acción suben cuando los inversionistas creen que las cosas marchan bien en la empresa, y cuando no, los precios caen); y 2) le da liquidez a los accionistas (la posibilidad de vender fácilmente sus acciones cuando lo necesiten).

Una de las partes más importantes dentro de un IPO, es la definición del precio al que se venderán las acciones a los inversionistas. Este precio es fijado por la empresa en base a las recomendaciones recibidas por su asesor (en este caso la firma Morgan Stanley), y para lo cual se considera tanto el valor intrínseco de la empresa (que está dado por la capacidad que tiene la empresa para generar ingresos en el futuro, el ritmo de crecimiento y el riesgo) y por el interés generado por la emisión (nivel de demanda). Y es precisamente el alto nivel de demanda por la acción de Facebook (tanto de inversionistas informados como de inversionistas noveleros), lo que llevó a Zuckerberg a decidir elevar el precio de colocación de US$ 28 a US$ 38.

De acuerdo a la valoración realizada por Aswath Damodaran, profesor de Stern (escuela de negocios de NYU) y máximo gurú de las Finanzas Corporativas en el mundo, el valor de la acción de Facebook, asumiendo que la empresa es capaz de mantener un crecimiento de sus ingresos del 40% para los próximos 5 años, debería rondar los US$ 29, es decir bastante más cercano al rango inicial, que al precio al que finalmente se colocó la acción en el mercado.

Al momento de escribir este artículo, el precio de la acción de Facebook había caído hasta los US$ 32, es decir un 16% respecto al precio del IPO. Es decir que si los inversionistas que participaron del IPO pagaron US$ 16.000 millones, a la fecha han perdido de US$ 2.560 millones. Eso es mucha plata perdida por parte de muchos inversionistas.

A primera vista pudiera pensarse que Zuckerberg también ha perdido una gran fortuna, ya que al mantener una participación del 22% en Facebook, su inversión pasó de US$ 22.900 millones al precio de US$ 38 a US$ 19.000 millones al precio de US$ 32, pero si comparamos con el valor intrínseco estimado por Damodaran (US$ 29), nos daremos cuenta que al momento Zuckerberg sigue teniendo una utilidad de US$ 1.800 millones, si a esto le sumamos US$ 1.200 millones (su parte en el IPO), llegaremos a la conclusión de que aunque puede haber mucha gente decepcionada por el IPO de Facebook, Mark Zuckerberg tiene 3.000 millones de razones para no estarlo.

* Artículo publicado originalmente en LaRepublica.ec el 24 de mayo de 2012

El Superintendente

Con gran consternación he recibido la noticia de que el todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha decidido rechazar la terna presentada por el Presidente de la República para la designación del primer Superintendente de Control del Poder de Mercado. El todopoderoso Consejo ha rechazado la terna aduciendo que los tres candidatos presentados, no reúnen las calificaciones necesarias para ser designados, en especial el no contar con diez años de experiencia en materias relacionadas con el cargo.

Considero de vital importancia que se designe inmediatamente al nuevo superintendente, ya que es preocupante el vacío existente para controlar a esa bestia parda que es el Poder de Mercado; es por esta urgencia que humildemente me permito por esta vía, poner en consideración del Presidente de la República un nombre que cumple con todas las condiciones para ocupar tan alta responsabilidad: el mío.

Sé que es poco ortodoxo candidatizarme de esta manera y no pretendo desconocer los méritos de los integrantes de la terna rechazada: Diego Martínez, Mateo Villalba y Jéssica Andrade; quienes seguramente deben ser grandes gurús de la lucha contra las prácticas monopolísticas y deben contar con sobradas calificaciones para haber sido considerados por el Presidente, aunque para ser muy sincero jamás he escuchado hablar de ellos; pero al mismo tiempo dudo que posean la misma pasión que tengo yo por combatir los graves peligros por los que atraviesa el libre mercado ecuatoriano.

En especial lo que me mueve a realizar una acción tan desesperada como esta (y aprovecho la ocasión para decirlo), es el denunciar la grave concentración de poder de mercado, que ha logrado acumular un grupo económico en nuestro país. El grupo en cuestión es dueño de medios de comunicación (tres canales de televisión abierta, varios periódicos, radios, y una importante participación en una empresa de televisión por cable), tiene un monopolio absoluto en el mercado de telefonía fija, y controla gran parte de los mercados de agua potable y energía en el país. Como si esto fuera poco, este grupo económico (directa o indirectamente), controla empresas de los más diversos géneros: florícolas, empresas de calzado, compañías de seguros, almaceneras, hoteles, comisariatos, imprentas, entre otros.

Pero lo más grave y sorprendente es que este grupo, ignorando lo resuelto por el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular del 2011, impunemente es el dueño de varias instituciones financieras (en el Ecuador y en el exterior), y a través de una subsidiaria de reciente creación concentra ya más del 40% de los créditos hipotecarios de nuestro país. Este monstruoso grupo económico es el Estado ecuatoriano.

La creación de una Superintendencia para regular el mercado parte de una premisa equivocada, no siempre que exista un fallo en el mercado es deseable la intervención estatal para regularla, ya que en muchos casos (quizás la gran mayoría), la intromisión del Estado solo contribuye a agravar más los problemas en lugar de solucionarlos. Por el contrario, la misma existencia de una Superintendencia y de toda una burocracia dedicada en exclusividad al tema, terminará provocando grandes distorsiones, al propiciar nuevas regulaciones y al promover de oficio, investigaciones para verificar la no existencia de anomalías; lo cual degenerará en la paradójica situación de que sean los empresarios los que tengan que demostrar que no están incurriendo en prácticas abusivas, en lugar de ser lo contrario. Es por ello que la existencia de una Superintendencia es una mala idea, y debe ser reemplazada por una especie Tribunal de la Libre Competencia, que sea capaz de recibir denuncias de prácticas abusivas por parte de actores privados y no actuar de oficio en situaciones en que nadie ha solicitado la intromisión del sector público.

Si el gobierno actual está realmente interesado en erradicar la existencia de prácticas que distorsionen el mercado, mejor haría en reducir la participación del Estado en sectores donde nada tiene que hacer, antes que en crear una nueva burocracia que afectará lo que actualmente funciona bien y cuyos costos los terminaremos pagando todos los ecuatorianos. Si ese es el caso, cuenten con un servidor.

*Públicado originalmente en LaRepublica.ec el 19 de mayo de 2012

La Derrota de Sarkozy

No soy simpatizante de Nicolás Sarkozy. Al igual que a muchos, el rimbombante estilo del todavía presidente francés me resulta antipático. Su publicitado romance (y posterior matrimonio) con Carla Bruni, su cuestionada proximidad a personajes como el ex dictador libio Gaddafi, el escándalo relacionado con el nombramiento de su hijo de 23 años al frente de una importante agencia gubernamental y las acusaciones relativas al financiamiento de su campaña electoral, son entre otras, las razones que le llevaron a tener una muy baja popularidad desde el inicio de su periodo presidencial.

Sarkozy llegó al poder en el 2007, con un discurso moderno, que pretendía romper con el status quo socialista inspirado en los eventos de Mayo del 68, que privilegia la redistribución de riqueza antes que su creación, que reivindica los intereses de los sindicatos antes que los de aquellos que no pueden conseguir trabajo y que es incapaz de hacer frente a los peligros que el islamismo radical representa para Francia y para el resto de la civilización occidental.
En su campaña Sarkozy prometió flexibilizar la semana laboral de 35 horas instituida por los socialistas, reducir el gasto público en 4%, disminuir los impuestos y reducir los beneficios de desempleo a aquellos que no tienen intención de conseguirlo, todo con el objetivo de disminuir el peso del estado en la economía y estimular el crecimiento.

Pese a contar con una amplia mayoría en el parlamento, Sarkozy no fue capaz de cumplir con muchas de sus promesas. Aunque cumplió con flexibilizar parcialmente la legislación laboral, facilitando la contratación de horas extras, reducir los impuestos a las herencias y elevar la edad de jubilación; la crisis financiera internacional motivó a Sarkozy a cambiar su política económica, volviendo a las típicas políticas de intervención estatal que han caracterizado a Francia en las últimas décadas: aumentar el gasto público y subsidiar la creación de nuevos empleos. No solo cambió la política de Sarkozy sino también su retórica, pasando a denunciar lo que denominó “la dictadura del mercado” y a anunciar el fin del “capitalismo laissez-faire”.

Aunque es indiscutible que Francia salió mejor librada de la crisis que otros países europeos como Grecia, España o Italia; el saldo del gobierno de Sarkozy deja mucho que desear. Entre 2007 y 2011, la economía francesa creció apenas un 0,48% , el desempleo pasó de 8,4% a 9,8% ; el gasto público pasó de representar el 53% del PIB al 56% ; y la deuda pública en relación al PIB se incrementó del 60% al 80% . Todo esto llevó a que Standard & Poor´s rebajara la calificación de la deuda francesa de AAA a AA+ .

Pese a todo lo expuesto anteriormente, considero que lo peor que lo pudo ocurrir a Francia es que Sarkozy perdiera. Aunque es poco probable que un segundo periodo de Sarkozy, se hubieran dado las reformas que la economía requiere, lo que propone el socialista Hollande (elevar la tasa de impuesto máxima al 75% , incrementar beneficios de desempleo, aumentar el número de empleos estatales y reducir la edad de jubilación nuevamente a los 60 años ), representa todo lo contrario a lo que Francia necesita. No es la austeridad fiscal, sino la receta de alto gasto público, altos impuestos y alto endeudamiento, la que tiene a Francia y a Europa en la situación en que se encuentran.

Es indudable que una gran parte de los votos obtenidos por el socialista Hollande, fueron producto del rechazo al estilo de Sarkozy, más que a sus políticas. En una elección con un resultado tan reñido (3% fue la ventaja de Hollande), esos votos pueden haber representado toda la diferencia del mundo. Cuando hay tanto en juego (como es el caso de Francia), consideraciones como el estilo, carisma, posición social y simpatías religiosas, deben quedar de lado. Es una reflexión que bien nos puede servir al momento de seleccionar al candidato de oposición para las elecciones del próximo año.

*Públicado originalmente en LaRepública.ec el 9 de Mayo de 2012

La Tragedia de YPF

El Senado de Argentina acaba de aprobar por una amplia mayoría, el proyecto presentado por la Presidenta Cristina Fernández, para nacionalizar (expropiar), el 51% de las acciones de YPF, empresa petrolera argentina, que pertenecen al grupo español REPSOL.

YPF fue privatizada en 1992 por el gobierno de Carlos Menem, y fue adquirida en 1999 por REPSOL en un valor de US$ 15.000 millones. YPF al momento de su privatización contaba con la dudosa fama de ser la única petrolera deficitaria en el mundo, la cual como suele suceder en el caso de las empresas estatales latinoamericanas, se convirtió en la caja chica de los gobiernos de turno, politizando su administración y privándola de los recursos necesarios para las inversiones que el negocio petrolero exige .

La principal razón que esgrime el gobierno argentino para justificar esta expropiación, es precisamente que REPSOL no ha realizado las inversiones necesarias para aumentar la capacidad energética del país, sacando de la compañía ingentes cantidades de recursos en dividendos, lo que ha traído como consecuencia que en el año 2011 por primera vez Argentina se convierta en un importador neto de gas y petróleo. Sin embargo, los datos no parecen darle la razón al gobierno argentino.

Entre 1999 y 2011, REPSOL realizó inversiones en Argentina por más de US$ 20.000 millones, adicionales al valor pagado por la compra. Este monto, que a la administración de la Señora K le resulta insuficiente, es en realidad una cifra considerable para el tamaño de la economía argentina. Como referencia podemos tomar que entre 1999 y 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por Argentina totalizó US$ 74.552 millones , es decir la inversión realizada por REPSOL, representó el 27% de toda la inversión recibida por ese país.

Estas inversiones realizadas por REPSOL, en especial en los rubros de exploración y explotación, han dado grandes frutos para la compañía, como es el caso del reciente descubrimiento en el yacimiento de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, donde se estima que las reservas de crudo pueden alcanzar los 2.000 millones de barriles.

Al gobierno de la viuda de Kirchner parece molestarle que REPSOL haya recibido tantos dividendos de parte de YPF, pero lo que parece olvidar, es que fue precisamente el gobierno de Néstor Kirchner, quien obligó a REPSOL a fijar como política de dividendos, el repartir el 90% de las utilidades de YPF, ya que estos dividendos servirían como fuente de pago para el préstamo que la propia empresa tuvo que hacer a la Familia Eskenazi (amigos de los Kirchner) para financiar la compra del 25% de las acciones de YPF.

El déficit energético que sufre hoy en día Argentina, tiene poco que ver con el nivel de inversiones de REPSOL en el país, y más con el resultado de las nefastas políticas implementadas por los gobiernos de la familia Kirchner, que mantienen congeladas las tarifas de energía, haciendo que estas sean entre un 75 y 80% más baratas que en Chile o Brasil ; y esto como consecuencia natural ha traído que se consuma mucha más energía de la que realmente se necesita, y ha desalentado el ingreso de otras empresas al mercado para realizar inversiones adicionales.

La nacionalización de YPF es tan solo el más reciente atentado contra el libre mercado y la seguridad jurídica en Argentina (antes pasó con los Fondos de Pensiones y con Aerolíneas Argentinas). Y sus costos irán más allá de la cuantiosa indemnización que exigirá REPSOL, más grave es que las empresas se lo pensarán mucho más que antes, en invertir en un país tan poco serio y los argentinos tendrán que soportar aún más apagones por culpa de una política energética ideologizada y torpe.

Pero la verdadera tragedia que representa YPF para Argentina, es que el futuro no pinta mucho mejor. Este acto abusivo que debió despertar un rechazo generalizado en esa nación, no solo cuenta con un amplio respaldo entre la población, sino que fue aplaudida por la gran mayoría de partidos de oposición (con la excepción quizás de Macri ), incluyendo paradójicamente al mismo ex presidente Carlos Menem. A la Argentina le aguardan aún largos años de oscuridad y los únicos culpables serán los propios argentinos


*Artículo publicado en LaRepública.ec el 27 de Abril de 2012

Una Primaria Inconveniente

Varios políticos, líderes de opinión y editorialistas vienen expresando recientemente su anhelo de que existan elecciones primarias para elegir a un candidato único de la oposición para enfrentar a Rafael Correa en las elecciones presidenciales del 2013. Esta idea resulta muy atractiva a primera vista: nada más democrático y transparente que sean los propios votantes de oposición quienes elijan a su candidato y no un pequeño grupo de políticos quienes decidan a puerta cerrada. Pero en este caso, la realidad es mucho más compleja. El Ecuador no tiene una cultura de elecciones primarias ni de voto voluntario. Debido a ello, lo más probable es que quienes terminen eligiendo al candidato opositor constituyan un universo muy reducido de votantes, pudiendo obtenerse resultados muy distintos a lo que la mayor parte del electorado desearía. Y dado que necesariamente se trataría de una primaria abierta a todos los ciudadanos (debido a que no existe algo así como un padrón electoral de la oposición), no es descabellado pensar que sean los simpatizantes de Alianza País, con su poderosa estructura territorial, quienes terminen influyendo en la selección del candidato de la oposición, votando por aquella persona que resulte más fácil de derrotar para el gobierno. Otro de los graves riesgos que pudiera conllevar la realización de una primaria opositora, es que podría revivir viejas mañas de nuestra política como la compra de votos a cambio de dinero o regalos, práctica que lamentablemente no ha desaparecido en el Ecuador y que podría exacerbarse al tratarse de una elección voluntaria, donde deja de estar presente el incentivo de obtener el certificado de votación, necesario para realizar distintos trámites en nuestro país. Uno de los argumentos que utilizan quienes abogan por la realización de primarias, es que en Venezuela, un país en una situación muy similar a la nuestra, la oposición se apresta a elegir su abanderado opositor mediante primarias. Sin embargo, la realidad de Venezuela no es igual a la nuestra, ya que ellos llevan por lo menos diez años reconstruyendo a sus partidos políticos y hoy tienen al menos cuatro partidos opositores de alcance nacional. En el caso del Ecuador, el único partido no oficialista con algo semejante a una estructura nacional es Sociedad Patriótica, lo cual le daría una ventaja excesiva a su candidato, en desmedro de candidatos de otros partidos o de independientes que quizás estarían en mejor posición para enfrentar a Correa, debido al menor nivel de rechazo que generan en el electorado. Tampoco es exacto afirmar que la única opción que tiene la oposición es presentar un solo candidato. Por el contrario, es probable que la existencia de candidaturas de la izquierda alrededor del eje MPD-Pachacutik-Montecristi Vive y del populismo con la probable alianza entre el hermano del presidente y el PRE, terminen quitándole votos al oficialismo en la primera vuelta y permitiendo que en la segunda vuelta se establezca un claro contraste entre Alianza País y la candidatura de la centro derecha. Es mucho lo que el Ecuador se juega en la próxima elección presidencial, como para arriesgarlo con iniciativas, como es el caso de las primarias, que aunque atractivas, no son ni necesarias ni convenientes y no dejan de ser una novelería que además de costarle varios millones de dólares al país, podría obligar a que nuevamente nos veamos enfrentados a elegir entre dos males.

*Publicado en LaRepublica.ec el 1 de noviembre de 2011

Un Manejo Irresponsable

Días atrás el Canciller Ricardo Patiño anunciaba en un evento público junto a autoridades económicas del régimen, que el Ecuador había reducido sustancialmente el nivel de su deuda pública, tanto en valores absolutos como en su peso en relación al PIB, defendiendo de esta manera lo que él denominó un “manejo responsable” de la deuda. Las cifras que el Canciller exhibió parecen incontestables: en el 2006 la deuda externa pública totalizaba US$ 10.600 millones, mientras que a marzo 2011 bajó a US$ 8.678 millones, lo que pasó de representar el 24% del PIB en 2006 a apenas el 15% en el 2011. Es decir, el gobierno de Rafael Correa habría realizado una reducción de casi US$ 2.000 millones de nuestra deuda externa en 4 años, todo un ejemplo de ortodoxia y prudencia en el manejo del endeudamiento. Como era de sospechar, ese no es el caso. Lo que el Canciller olvidó mencionar es que esa reducción del endeudamiento externo, se produjo porque a finales del 2008, el estado ecuatoriano declaró un default unilateral respecto a los Bonos Globales 2012 y 2030 que totalizaban US$ 3.200 millones. Esto quiere decir que si consideráramos esos valores, en realidad el endeudamiento externo creció US$ 1.200 millones en 4 años (lo que equivale a aproximadamente US$ 784 mil diarios). Estos valores no consideran los US$ 2.000 millones del recientemente anunciado préstamo con el Banco de Desarrollo de China, ni los US$ 1.000 millones que ha recibido por concepto de venta anticipada de petróleo, y que por las características del contrato, más que un factoring representa un préstamo con garantía en forma de petróleo. Pero el problema no termina ahí. El endeudamiento público interno también ha crecido sustancialmente durante el gobierno de la revolución ciudadana. Si a Diciembre del 2006, el estado debía US$ 3.277 millones, a marzo del 2011 este rubro aumentó a US$ 4.552 millones, esto es US$ 1.274 millones adicionales en 4 años, o lo que es lo mismo, la deuda interna creció US$ 833 mil cada día. El problema con un incremento tan exagerado de la deuda interna no solo es que eventualmente los ecuatorianos tendremos que pagarla y para ello el gobierno de turno, tendrá que aumentar los impuestos o crear nuevos (llámense impuestos verdes, rosados o amarillos); sino que además el endeudamiento público interno, necesariamente desplaza al endeudamiento privado interno. Es decir, el dinero que el estado obtiene como financiamiento dentro del país, significa menos dinero disponible para que las empresas privadas puedan financiar sus proyectos de inversión y de esta forma crear nuevos empleos. Para muestra veamos lo que sucede con el IESS (ahora operando a través del BIESS). En el 2009, el IESS realizó nuevas inversiones en títulos de deuda del sector real por US$ 346 millones, mientras que al 2010 estas inversiones sumaron apenas US$ 150 millones, esto es un 57% menos. Por otro lado las inversiones en Bonos del Estado realizadas a través de las bolsas de valores por el IESS, pasaron de US$ 551 millones en 2010 a US$ 1.042 millones en el 2010, esto es un incremento del 89%. Esto es grave, pero aún el problema no acaba ahí. Al momento de analizar el manejo financiero de una empresa, no solo debe considerarse los valores de las cuentas de activos y pasivos que aparecen registradas en su balance, sino que es importante analizar los contingentes, es decir aquellas obligaciones que pueden volverse efectivas en cualquier momento dependiendo de que ocurran o no ciertos eventos. En el caso del Ecuador, estos contingentes son cuantiosos. Las demandas interpuestas por las compañías petroleras a quienes se les canceló intempestivamente sus contratos y por los tenedores de los bonos en default, ascienden a varios miles de millones de dólares. Eso es muy grave. Cuando la deuda de un país se incrementa en casi US$ 5.500 millones en apenas 4 años, no se puede hablar de un manejo responsable de la deuda. Por el contrario, se trata de un manejo tremendamente irresponsable tan solo comparable al desastroso manejo de las relaciones internacionales del Ecuador a cargo del propio Canciller Patiño. *Publicado en LaRepublica.ec el 5 de Julio de 2011

Descifrando a Humala

La reacción de los mercados financieros al triunfo de Ollanta Humala en las elecciones presidenciales peruanas fue contundente: al día siguiente el principal índice de la Bolsa de Lima se desplomó en un 12,5% , la máxima caída en su historia, para luego recuperarse en los días siguientes. Este pánico de los inversionistas peruanos (y extranjeros), se da por el miedo a perder lo mucho que Perú ha conseguido en las últimas dos décadas. La economía peruana ha sido consistentemente la que más ha crecido en América Latina durante los últimos años, creciendo en promedio a un 7,2% anual entre el 2006 y 2010 (como referencia Ecuador creció al 3,6% anual en el mismo periodo ), reduciendo año a año los niveles de pobreza de su población y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, aunque sin alcanzar todavía un nivel de vida adecuado para una gran parte de su población, especialmente en los sectores rurales. El discurso que Humala ha exhibido desde la segunda vuelta electoral, poco tiene que ver con el lenguaje extremista y fuertemente identificado con el chavismo del 2006 y que es considerado como la causa de su derrota aquel año. Si antes Humala reclamaba la nacionalización de las industrias estratégicas, como la minera (la más grande del país), hoy habla de “honrar todos los compromisos del Estado” y de fomentar nuevas inversiones en infraestructura mediante inversión pública y privada nacional y extranjera; si antes hablaba de estrechar lazos con Venezuela y el resto de países de la órbita chavista, ahora parece ver en Brasil el modelo a seguir; si en el 2006 esgrimía como bandera de lucha “no dejarse pisar el poncho de Chile”, en el 2011 hasta lo cita como ejemplo de “inclusión social” . Este cambio tan radical ha llevado a muchos a dudar de la sinceridad de la conversión de Humala, y a preguntarse si no se tratará de una hábil estrategia para ganar tiempo y “acumular fuerzas” en vistas a consolidar un proyecto de corte socialista y autoritario como sucedió primero con Chávez en Venezuela y luego con Correa en Ecuador. Lo más probable es que en realidad no se trate ni de conversión ni de conspiración. Su vinculación con Chávez en el 2006, el cual era un fenómeno relativamente reciente a esa fecha, tuvo una lógica utilitarista que le facilitó su ascenso en el mapa político peruano ; hoy cuando los efectos nocivos de las políticas de la revolución bolivariana son ampliamente conocidos, esa relación simplemente ya no resulta útil ni necesaria para Humala. Esto no significa que las políticas del nuevo gobierno peruano vayan a estar regidas por la ortodoxia ni por una sincera confianza en los mecanismos del mercado: Humala ha dicho que pretende reformar la Constitución para eliminar el rol subsidiario del Estado, y facilitar de esta manera una mayor participación del Estado dentro de la economía, y ya se habla de la creación de nuevas empresas estatales como aerolíneas y de telecomunicaciones, olvidando los desastrosos resultados de anteriores aventuras empresariales del estado peruano en las época de Velasco Alvarado y del primer gobierno de Alan García. También ha manifestado su intención de ampliar los impuestos a las “sobreganancias” de las empresas mineras y su interés en “afinar” el tratado de libre comercio con EEUU . Ninguna de estas propuestas tiene mayores posibilidades de prosperar, ya que Humala controlará apenas el 36% del congreso peruano y no son reformas aceptables para sus potenciales socios de Perú Posible (el partido de Alejandro Toledo). Aunque es difícil saber si el cambio en el discurso de Humala es permanente o si se trata de una estrategia para ganar tiempo; por el momento, esos a los que Vargas Llosa y compañía denominan como izquierda carnívora , bien pueden sentirse decepcionados: ya que las recientes palabras de Ollanta Humala nos recuerdan más a Lula que a Chávez, más a Lucio Gutiérrez que a Rafael Correa.

*Artículo publicado originalmente en LaRepública.ec el 21 de Junio de 2011