Una de las señales inequívocas de que un gobierno totalitario va consolidando su hegemonía sobre todos los poderes y espacios de un país es la pérdida de la vergüenza para defender las posiciones más impresentables y para decir sin pudor cosas que en otro momento y ante otras circunstancias harían sonrojar a cualquiera.
En el caso del Ecuador, a la displicencia con la que el gobierno recibe las denuncias sobre casos de supuesta corrupción relacionados con altos funcionarios del régimen, como se vio en el reciente escándalo de VIALMESA, ahora se suma un esfuerzo deliberado y cínico por parte del oficialismo para amedrentar a la oposición y a los medios de comunicación respecto a cómo deben comportarse en la próxima campaña electoral.
Días atrás el Pleno del Consejo Nacional Electoral emitió un exhorto, en el cual advierte a los actores políticos de posibles sanciones para castigar lo que a juicio del CNE constituye la
“realización anticipada de actos de campaña electoral”. Sin embargo, no está claro qué es lo que los consejeros del CNE consideran como actos de campaña electoral. ¿Puede considerarse como actos de campaña electoral los avisos publicitarios de personas que no han proclamado sus candidaturas a cargo alguno? ¿Es campaña electoral la avalancha de propaganda por parte del Gobierno pautada en horario estelar en los canales de televisión?
El propio Presidente del CNE, reconoce que
“existe un vacío legal” para determinar dichas infracciones, pero al mismo tiempo no deja de amenazar con fuertes sanciones y multas a quienes las cometan. Lo que está claro es que no podemos esperar que el CNE mida con la misma vara al gobierno y a la oposición. En una candorosa declaración, Paredes admite que el CNE no hará nada por impedir que el gobierno promocione su imagen “ni en este momento ni en campaña electoral”. No es que estas palabras vayan a sorprender a nadie, pero que la máxima autoridad electoral en el país, no tenga ningún reparo en admitir que las reglas no son iguales para todos, es una muestra clara del estado en el que se encuentra la institucionalidad del Ecuador.
Paredes pretende justificar este derecho del presidente actual comparando a la situación por la que atraviesa los Estados Unidos, también en campaña presidencial, donde nadie le reclama a Obama que vaya recorriendo el país para promocionar su imagen. Pero Paredes olvida dos detalles pequeños pero significativos: ni Obama aparece en publicidad estatal financiada con fondos públicos, ni los candidatos presidenciales en Estados Unidos están restringidos a una franja publicitaria minúscula y arbitraria como la que contempla el Código de la Democracia en Ecuador.
Otro personaje que ha aparecido recientemente en los medios de comunicación para expresar su grave preocupación por el peligro para la democracia que representa la precampaña electoral y el origen de su financiamiento, es el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, el mismo que en el pasado no demostró tener una gran preocupación democrática al destituir a 57 diputados electos legítimamente, lo que constituye, sin lugar a dudas, uno de los atentados más grandes a la democracia en nuestro país. En una entrevista concedida a Ecuavisa , Acosta le echa en cara al CNE el “demorarse demasiado” en controlar la precampaña y lo invita a realizar un control “enérgico y oportuno”.
El CNE muy diligentemente ha aceptado dicha sugerencia. Juan Pablo Pozo, uno de los consejeros del CNE, anunció que han montado una oficina para monitorear la campaña anticipada, aunque nuevamente admite que el Código de la Democracia “no define en su articulado lo que es la precampaña ni la campaña anticipada” . Es decir que sin el menor rubor declara que dedicarán fondos públicos para monitorear infracciones que no se encuentran tipificadas en ninguna parte.
Cuando todo termine, y el Ecuador recupere su libertad, será el momento adecuado para discutir seriamente la conveniencia de mantener normas electorales como la reelección presidencial inmediata, el tener una campaña electoral tan reducida (45 días) y la existencia de franjas publicitarias, que lejos de contribuir al mejoramiento de la calidad de nuestra democracia, se han convertido en graves amenazas a su misma existencia.
*Publicado originalmente en LaRepublica.ec el 21 de Junio de 2012
