En días pasados el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció la prohibición de la venta en la ciudad, de bebidas gaseosas en envases que superen las 16 onzas, con el objeto de frenar lo que denominó como una “epidemia de obesidad”. La medida que además incluye a las bebidas energizantes, té helado, y otras bebidas azucaradas, es rechazada ampliamente por los newyorkinos quienes ven en ella (con razón), un ataque a la libertad individual de personas adultas, que están en capacidad de tomar sus propias decisiones sin necesidad de que el Alcalde de su ciudad les diga qué pueden o no hacer.
Este no es el primer intento de Bloomberg de influir en los gustos y preferencias de los habitantes de Nueva York. Ya antes había logrado con éxito prohibir el consumo de grasas trans como la margarina y el uso de aceites vegetales procesados. A esto se suma la prohibición de fumar ya no solo en lugares cerrados, sino también en lugares públicos abiertos como parques y sitios de recreación. Su misma guerra contra las gaseosas había tenido una primera escaramusa, al intentar prohibir que los beneficiarios de subsidios de comida (food stamps), pudieran utilizarlos para comprar bebidas azucaradas; pero en esa ocasión el gobierno federal intervino para impedirlo. Ahora Bloomberg no debería tener inconvenientes, ya que la regulación de los envases está dentro de sus competencias.
Pero esta visión de que los políticos están en mejor capacidad para decidir lo que los ciudadanos deben o no comer (o beber), no se limita únicamente a la gran manzana. Por estas tierras, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, publicaron en abril del 2010 el acuerdo interministerial 0001-10, que regula el funcionamiento de los bares escolares del sistema educativo nacional (lo cual incluye a colegios y escuelas privados).
Este acuerdo además de establecer la existencia de Comités Nacionales, Provinciales y locales para velar la aplicación de sus normativas, prohíbe la venta de varios productos por considerarlos nocivos a la salud de nuestros niños y adolescentes, entre los que se encuentran: las papas fritas, las papas con cuero, los caramelos, los chicles, la yuca frita, los maduros, las bebidas hidratantes y por supuesto las gaseosas. En cambio, “sugiere” la preparación de ciertos alimentos tradicionales como: el arroz con pollo, las humitas, el mote pillo, el bistec de hígado, etc.
El mencionado acuerdo no especifica cuáles fueron los criterios que le llevaron a determinar qué comidas típicas ingresaban a esta especie de lista blanca, ya que llama la atención que se incluyan platos ricos en grasas como el encebollado y las empanadas de viento, y se deje fuera a otros tan deliciosos como el seco de chivo y la fritada.
La preocupación de ciertos políticos por velar por la salud de la población puede resultar comprensible, dados los altos costos para los sistemas de salud públicos, de las enfermedades asociadas con la obesidad. Sin embargo, ni siquiera existen estudios concluyentes que determinen una relación estrecha entre el consumo de gaseosas y un incremento en el índice de masa corporal. De hecho, un estudio realizado en 2008 por la Asociación Americana de Nutrición Clínica, determinó que no se encontrarían relacionados.
Hay mucho que se puede hacer para ayudar a que las personas tengan mejores hábitos alimenticios, pero pasa más por contribuir a que tengan mejores niveles de educación y cultura, antes que el establecimiento de prohibiciones, que en muchos casos terminan generando efectos contrarios.
Por más loables que puedan resultar sus intenciones, a los políticos hay que recordarles que jamás pueden irse en contra de los derechos más fundamentales de los individuos, entre los que reivindico sin lugar a dudas, el derecho a tomar coca-cola. Y si el problema son los costos que genera la obesidad, más eficaz sería el establecer un impuesto a la gordura, que sirva para cubrir dichos costos y que de esta forma no terminen pagando justos por pecadores, o mejor dicho flacos por gordos.
*Publicado originalmente en LaRepublica.ec el 7 de junio de 2012.
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